FAPMI-ECPAT España celebra la aprobación del dictamen de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Comunicado de prensa

Desde FAPMI ECPAT España celebramos la aprobación ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados del dictamen de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, una reivindicación histórica de muchas de las organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de la infancia. La violencia contra las personas menores de edad es una realidad que sucede año tras año evidenciando la ausencia de políticas suficientes que aborden la problemática de forma integral y coordinada, por lo que la aprobación del dictamen es sin duda un paso importante para la protección de las personas menores de edad en nuestro país. Recordamos que más de la mitad de las victimizaciones registradas en cuanto a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual se refieren a las personas menores de edad, y que la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha permanecido silenciada y encubierta en muchos ámbitos y sectores.

Esta ley que inicia ahora su avance hacia el senado, supone una iniciativa pionera en muchas de las acciones que plantea tanto a nivel europeo como mundial por su carácter integral. La misma recoge medidas especificas para la prevención, la sensibilización, la protección y la reparación a las víctimas y supervivientes; entre sus aspectos más destacados se encuentra el aumento del plazo para la prescripción de los delitos de abuso sexual, que se sitúa a partir de que la víctima cumpla los 35 años de edad y hasta los 55 en el caso de los delitos más graves. También se instauran medidas encaminadas a la reducción de la victimización secundaria, especialmente en los procesos judiciales reforzando el derecho de las personas menores de edad a ser oídas y escuchadas, y a través de la creación de juzgados especializados, y se incorporan una serie de iniciativas que tienen como fin mejorar la formación de los y las profesionales que trabajen o estén en contacto con niños y niñas así como la implementación de protocolos para la detección y atención a situaciones de riesgo y situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia en diferentes ámbitos, como centros educativos, de protección, o deportivos, o la obligación de notificación de toda la ciudadanía.

Si bien esta ley supone un avance sustancial en el abordaje de esta grave problemática,aún tiene margen de mejora en ámbitos como los centros de protección de menores o los procesos judiciales, especialmente por lo que respecta a la prueba preconstiuida. Además de lo anterior, queda todavía por ver de qué manera y cómo se van implementar las medidas que incorpora la ley, ya que hasta el momento esta adolece de la asignación de una partida presupuestaria específica que permita su adecuado desarrollo.