El Comité de los Derechos del Niño de la ONU reclama a España medidas urgentes frente a la violencia y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia
El Comité sitúa entre las áreas en las que deben adoptarse medidas urgentes el abuso, la negligencia, el abuso sexual y la explotación, y pone el foco en la necesidad de reforzar de forma efectiva los sistemas de prevención, detección, protección y acceso a la justicia para las víctimas.
En este contexto, fapmi–ECPAT España contribuyó en su momento al seguimiento internacional de la Convención de los Derechos del Niño mediante la elaboración de un informe propio específico sobre la problemática de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia y con diversas aportaciones a través de su participación en plataformas estatales. Desde ese trabajo de análisis y propuesta, la entidad considera especialmente relevante que el Comité advierta de carencias estructurales que afectan a la respuesta frente a la violencia, como la falta de datos oficiales -incluida la ausencia del registro central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia-, las desigualdades territoriales en la calidad y disponibilidad de servicios, y la necesidad de entornos y procedimientos verdaderamente adaptados a la infancia.
La violencia hacia la infancia y la adolescencia
Las Observaciones finales evidencian preocupaciones estructurales que requieren una respuesta sostenida y homogénea en todo el territorio. El Comité expresa su inquietud por la falta de datos oficiales -incluida la ausencia de un registro central plenamente operativo- y por las desigualdades territoriales en la disponibilidad y calidad de los servicios de protección, así como por la falta de protocolos interinstitucionales y de entornos realmente adaptados a la infancia para las entrevistas forenses y la práctica de la prueba preconstituida.
En consecuencia, el Comité recomienda establecer una base de datos nacional sobre todos los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y realizar una evaluación integral de su alcance, causas y naturaleza; adoptar medidas para corregir las desigualdades territoriales en detección, prevención temprana e intervención; y dotar de un marco presupuestario claro, estable y adecuado a la Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
También insiste en que las declaraciones y pruebas se practiquen de forma obligatoria, sin demoras indebidas y en instalaciones amigables para la infancia, impulsando el despliegue estatal de modelos como Barnahus y reforzando el marco jurídico para asegurar su aplicación consistente en todo el país, evitando la revictimización.
Fapmi–ECPAT España subraya que estas recomendaciones deben traducirse en decisiones verificables, con coordinación efectiva entre administraciones, estándares comunes de calidad y mecanismos de evaluación continua, para garantizar una protección real y equivalente para todos los niños y niñas, con independencia de su lugar de residencia.
La violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia
El Comité muestra una preocupación específica por el aumento de los casos de abuso sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes —también en entornos de cuidado residencial y alternativo, con impacto particular en niñas— y por la ausencia de un marco plenamente centrado en la infancia para abordar judicialmente la violencia sexual contra personas menores de edad.
En este sentido, recomienda renovar el Plan de Acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección tras evaluar su eficacia, y reclama la recopilación de datos oficiales sobre violencia sexual en el entorno familiar y el círculo de confianza para orientar políticas preventivas y acciones de sensibilización efectivas.
El Comité también enfatiza la dimensión digital de la violencia sexual, instando a finalizar y hacer cumplir regulaciones y políticas de salvaguarda para medios y plataformas con el fin de proteger el derecho a la privacidad y prevenir riesgos, incluida la explotación sexual online, con mecanismos efectivos de seguimiento y persecución de vulneraciones.
Además, recomienda adoptar medidas legislativas para que las empresas diseñen, desarrollen y gobiernen sistemas -incluida la inteligencia artificial– orientados a combatir la explotación sexual online de la infancia y la adolescencia.
En línea con el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, el Comité insiste en garantizar apoyo psicológico, médico y social gratuito para las víctimas, promover investigación sobre la magnitud y causas de la explotación sexual en prostitución y pornografía, e incrementar esfuerzos frente a la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo.
Finalmente, las Observaciones del Comité incorporan un llamamiento específico en materia de trata: ante los déficits en detección, identificación, protección y apoyo a las víctimas infantiles, el Comité recomienda garantizar la aprobación del borrador de Ley Orgánica contra la Trata conforme a los estándares internacionales y con enfoque centrado en la infancia, junto con el refuerzo de los mecanismos de derivación, la especialización de los servicios y el impulso de acciones de prevención y sensibilización.
A la luz de estas Observaciones, fapmi–ECPAT España hace un llamamiento al Gobierno y a las comunidades autónomas para que estas recomendaciones se conviertan en medidas concretas, verificables, con recursos suficientes, coordinación interinstitucional y evaluación continua, con el objetivo de acelerar una implementación efectiva, centrada en los derechos de la infancia y la adolescencia y la reparación integral de las víctimas.
Documento disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%20C%20ESP%20CO%207&Lang=en
