Desde Fapmi-ECPAT España denunciamos la falta de enjuiciamiento en los casos de explotación sexual de personas menores de edad y exigimos una respuesta urgente por parte de las autoridades competentes.
Expresamos nuestra más enérgica denuncia ante la preocupante falta de procesamiento y las demoras en los procesos judiciales relacionados con los casos de explotación sexual de personas menores de edad. Esta situación, que afecta gravemente a la justicia y la protección de las víctimas más vulnerables, resulta inadmisible en una sociedad que se rige por el principio de la defensa de los derechos humanos y, en concreto, de la infancia y la adolescencia.
Entre otros, el caso reciente producido en Murcia viene a evidenciar diferentes fallos estructurales en el sistema judicial, de no impartición de justicia, que en ocasiones permite que los delitos prescriban, dejando a los responsables sin castigo. Esto supone un doble impacto para las víctimas, quienes, además de sufrir las consecuencias directas del abuso, ven cómo el sistema no les ofrece la reparación adecuada a la que tienen derechos, fomentando el sentido de impunidad por parte de las personas agresoras.
Desde la Federación hacemos un llamamiento urgente a los poderes públicos y al sistema judicial para que adopten medidas inmediatas que garanticen el correcto enjuiciamiento de los responsables de este tipo de delitos que se cometen sobre la infancia y la adolescencia. En este sentido, es urgente que se refuercen los recursos judiciales, se acorten los plazos procesales y se implementen políticas efectivas que eviten que los delitos de abuso y explotación sexual infantil queden sin sanción.
Las personas menores de edad víctimas de la explotación sexual es uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Estas tienen el derecho a recibir una respuesta firme, rápida y efectiva por parte de las instituciones y la justicia debe ser implacable con aquellos que abusan de su poder y posición para cometer este tipo de crímenes. Las demoras judiciales, entre otras, no solo afectan a las víctimas, sino que envían un mensaje peligroso a las personas agresoras, quienes pueden llegar a sentirse amparadas por un sistema que se demuestra ineficaz.
En este sentido, desde fapmi-ECPAT España ponemos de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos judiciales de manera que garanticen que los delitos de explotación sexual infantil sean tratados con la prioridad que merecen.
La lucha contra la impunidad y la reparación de las víctimas debe ser un objetivo ineludible para todas las instituciones encargadas de la protección de los derechos de las personas menores de edad.
